A partir de este año rige la ley aprobada a mediados de 2016 en la Cámara de Diputados bonaerense y que introduce una modificación en el Código de Faltas.
La legislatura bonaerense transformó en ley un proyecto que modifica el Código de Faltas (en su artículo 74 bis) y agrava las penas para aquellos que "invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, insulte, menosprecie emocional e intelectualmente, ejerza violencia física o arroje elementos de cualquier naturaleza a un trabajador de la educación, sea docente o no".
Entre las sanciones previstas, hay multas de entre $8.000 y $15.000, así como también se introduce la posibilidad de terminar preso: caben entre 5 y 30 días de arresto al involucrado.
"Sabemos que esto no es la solución pero con este tipo de medidas el Estado apunta a empezar a generar un cambio cultural y volver a rejerarquizar la educación y la labor del docente", manifestó Alejandro Finocchiaro, director general de Cultura y Educación provincial, el impulsor del proyecto.