La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la audiencia pública de carácter informativo que iba a tener lugar el próximo 29 de agosto y el conflicto sigue sin resolverse. Más de 100 municipios bonaerenses habrían rechazado el arribo de la cadena mediante ordenanzas.
El desembargo de la cadena de farmacias, Farmacity, en la Provincia, sigue en suspenso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la audiencia pública programada para el próximo 29 de agosto y el conflicto continúa dilatándose. ¿Los motivos? En un comunicado,
la Corte informó que la ministra del alto tribunal Elena Highton de Nolasco estará en México entre el 27 y 31 de agosto por reuniones internacionales entre tribunales.La medida despertó el enojo de los farmacéuticos bonaerenses e incluso de legisladores, como el diputado provincial, Lisandro Bonelli (Frente Renovador), que criticó a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación y accionista de Farmacity. "Quintana compra tiempo para Farmacity", señaló en referencia a las sospechas de las influencias que el funcionario puede haber tenido en la decisión de la Corte por su posición dentro del actual Gobierno y por las que, además, se lo señala como responsable que el caso de la empresa que fundó haya llegado al ámbito nacional.
Y agregó: "Es la primera vez en la historia que la Corte Suprema suspende una audiencia pública
. Y la frutilla del postre es el motivo de la suspensión: la jueza Highton se acordó que tenía una Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas en México, justo ese día. Porque esas cosas jamás se arreglan con antelación..."
Desde el primer día en que Farmacity visibilizó sus intenciones de desembarcar en la provincia, el El Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, que agrupa a unas 4500 farmacias, se opuso terminantemente a la instalación de la empresa y sostiene su postura en el marco de una ley que fue la que, hasta ahora, mantuvo a Farmacity alejado del objetivo que hoy busca concretar.
Los farmacéuticos quieren "defender la farmacia del barrio".
La Ley es la 10.606, sancionada hace 30 años, y establece el criterio de una farmacia cada 300 metros (alrededor de 3 mil habitantes) además de prohibir la venta de alimentos y otras mercaderías junto con los medicamentos, como hace la cadena. En suelo bonaerense la normativa actual contempla las farmacias como servicio público y no como comercios, por lo cual no está permitida la participación en el sector de sociedades anónimas, sólo de SRL, mutuales, obras sociales, sociedades entre farmacéuticos y sociedades entre farmacéuticos y no farmacéuticos.
Por su parte, desde Farmacity sostuvieron que “estamos convencidos que la comunidad se beneficia en su atención farmacéutica con más y no con menos opciones. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires merecen esa posibilidad de elegir. Llegamos a 14 provincias ofreciendo gran cobertura horaria- en muchos casos de 24 horas y a puertas abiertas- atención personalizada por profesionales idóneos, respetando todas las normas vigentes”.
Pese a que aún no hubo resolución en la Justicia, 103 municipios bonaerenses ya han manifestado su rechazo al desembarco de la cadena a través de decretos y ordenanzas.
El Concejo Deliberante de General Rodríguez aprobó esa iniciativa por unanimidad a fines del año pasado."Si las grandes cadenas irrumpen la actividad farmacéutica, el lucro y la rentabilidad se imponen por sobre el derecho a la salud, los precios suben y las zonas más empobrecidas se quedan sin el acceso a los medicamentos. Esto pasa en Chile y se empieza a notar en la ciudad de Buenos Aires”, planteó Bonelli.
Igualmente, Farmacity también ejerce presión. Recientemente ha avanzado en una campaña a través de las redes sociales buscando ganar adhesión en la opinión pública.