Compartí en las redes
Fue pasado el mediodía de ayer, cuando la policía y un grupo de Infantería cumplían la orden de la Fiscalía N°10 de identificar a los ocupantes que se encontraban subdividiendo terrenos para instalarse. Se secuestraron machetes y palos que se habrían usado para agredir a las fuerzas, las cuales reprimieron con postas de goma, las cuales habrían dejado impactos en personas, aunque tras la situación, no quedaron allí heridos ni fueron a atenderse en centros sanitarios locales. Rumorean que un remanente de los que ocupaban quieren retornar.Ayer, viernes a la mañana, como viene sucediendo desde el 25 de febrero, la policía volvió a acercarse al predio ocupado en parte de las 27 hectáreas del fondo del barrio Raffo, puntualmente, en Dean Funes y Malvinas Argentinas, donde un grupo de personas de diverso origen de aquí y múltiples nacionalidades, se hallaba reclamando el lugar para instalarse con el único derecho que le daba "la necesidad" y el hecho que les habían dicho que "no tenían dueño".
Una de las denuncias presentadas
Allí hablaron con los propietarios, que tienen los papeles del derecho sucesorio de distintas partes de los campos (tenían más pero hace más de un año les ocuparon algunos márgenes) y no llegaron a ningún arreglo para irse, porque pedían ver "los papeles originales y no fotocopias". Los dueños se negaron, dado que la relación era de mucha tensión y temían que les rompieran la documentación o los agredieran. Del otro lado, una mujer decía que "si muestran los papeles nos vamos sin problema", aunque varios de los presentes aseguraban que nadie los iba a sacar de allí e incluso solicitaban ayuda a vecinos del barrio para transcurrir las horas. No faltaba la presencia hasta de menores de edad, lo cual agregaba otro riesgo más a semejante tensión.
Pasaron varios días, el primero que denunció en fiscalía fue un hombre de apellido Loza y también iniciaron acciones otros dueños, como el que entrevistamos días atrás, el señor Sergio Comolli, que explicó que los campos sólo se ven en desuso ahora porque se suele sembrar soja y ahora se dejó por este año "para descansar la tierra", pero que no están abandonados tampoco. Intentaron reponer los alambrados, pero no los habrían dejado.
Tras una semana de rumores de una posible expulsión de las fuerzas, parecía que iban a tener nuevas charlas y ayer llegó una orden de fiscalía, que en principio, no era un desalojo, pero casi que acabó siéndolo, cuando los reclamantes de la tierra se habrían contrapuesto con violencia y amenazas, resistiéndose a ser identificados.En este contexto, se generaron enfrentamientos en los cuales oficialmente hay ocho detenidos, dos de los cuales fueron menores y seis, mayores, que siguen en esa condición, con distintos delitos imputados. Por el otro lado, ninguno de los individuos que ocuparon, se manifestó personalmente, pero gente allegada a ellos circuló fotos de al menos dos personas heridas con postas de goma, alegando que "la policía los había agredido y que reprimieron contra la gente en necesidad, incluso en presencia de niños". Las personas que habrían sido lesionadas, a nivel oficial, no están, en todo caso se fueron junto a las decenas que huyeron de la zona y no se habrían presentado hasta el momento.
Los machetes que tenían los ocupantes fueron secuestrados como prueba por las fuerzas de seguridad junto a más objetos.
Según las consultas realizadas a distintos voceros, la orden que emitió ayer el titular de la Físcalía N°10, el Dr. Federico Luppi, refería puntualmente a la averiguación de las identidades de los involucrados en la toma de los terrenos de distintas familias con derecho sucesorio, en un acto organizado en el cual la organización comandada por una mujer y un hombre llevaba más de 100 personas durante el día y un número un poco menor por la noche.
En un trabajo en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Ayudantía Fiscal, el Servicio Local de Derechos del Niño y Adolescente, la Dirección de Nacional Migraciones y la Secretaría de Seguridad, se llevó al lugar un operativo en el cual esperaban avanzar con la "primera pata" del proceso de desalojo, que es, antes de tener la orden, investigar la identidad de los ocupantes irregulares (Investigación Penal Preparatoria), cuestión que venían negando hacía días. Sólo se habían establecido las identidades de cinco personas, un argentino y cuatro ciudadanos paraguayos.
Los mismos eran, según se logró conocer, G***** Martínez (PAR), S***** Machado (PAR), N******** González Amaya (PAR), J**** R**** Días Bogallo (PAR) y L*** A****** Castillo (ARG). En el lugar de los hechos, a la negación a identificarse de muchos de los presentes, se sumaron otras listas de presuntos delitos, como el intento de venta de esos terrenos y otras contravenciones, que podrían derivarse a más causas una vez se avance esta etapa, si la justicia decide averiguar más.De todos modos, los organizadores principales podrían no estar en este grupo y de hecho no habrían sido detenidos, de modo que los identificados en un comienzo, podrían no ser del orden principal de la organización, que tiene varios grupos diversos y que habría sido armada con extranjeros de manera deliberada y escogida, según los primeros pasos de la investigación, a la cual le faltan muchas fuentes, a juzgar por las versiones que circulan en el barrio.
Una de las denuncias presentadas
Allí hablaron con los propietarios, que tienen los papeles del derecho sucesorio de distintas partes de los campos (tenían más pero hace más de un año les ocuparon algunos márgenes) y no llegaron a ningún arreglo para irse, porque pedían ver "los papeles originales y no fotocopias". Los dueños se negaron, dado que la relación era de mucha tensión y temían que les rompieran la documentación o los agredieran. Del otro lado, una mujer decía que "si muestran los papeles nos vamos sin problema", aunque varios de los presentes aseguraban que nadie los iba a sacar de allí e incluso solicitaban ayuda a vecinos del barrio para transcurrir las horas. No faltaba la presencia hasta de menores de edad, lo cual agregaba otro riesgo más a semejante tensión.
Pasaron varios días, el primero que denunció en fiscalía fue un hombre de apellido Loza y también iniciaron acciones otros dueños, como el que entrevistamos días atrás, el señor Sergio Comolli, que explicó que los campos sólo se ven en desuso ahora porque se suele sembrar soja y ahora se dejó por este año "para descansar la tierra", pero que no están abandonados tampoco. Intentaron reponer los alambrados, pero no los habrían dejado.
Tras una semana de rumores de una posible expulsión de las fuerzas, parecía que iban a tener nuevas charlas y ayer llegó una orden de fiscalía, que en principio, no era un desalojo, pero casi que acabó siéndolo, cuando los reclamantes de la tierra se habrían contrapuesto con violencia y amenazas, resistiéndose a ser identificados.En este contexto, se generaron enfrentamientos en los cuales oficialmente hay ocho detenidos, dos de los cuales fueron menores y seis, mayores, que siguen en esa condición, con distintos delitos imputados. Por el otro lado, ninguno de los individuos que ocuparon, se manifestó personalmente, pero gente allegada a ellos circuló fotos de al menos dos personas heridas con postas de goma, alegando que "la policía los había agredido y que reprimieron contra la gente en necesidad, incluso en presencia de niños". Las personas que habrían sido lesionadas, a nivel oficial, no están, en todo caso se fueron junto a las decenas que huyeron de la zona y no se habrían presentado hasta el momento.Las fotos de los heridos, algunos de los que alcanzaron a huir:
La orden de la fiscalía, no era de un "desalojo", sino "persuadir mediante un procedimiento integral":
Los machetes que tenían los ocupantes fueron secuestrados como prueba por las fuerzas de seguridad junto a más objetos.
Según las consultas realizadas a distintos voceros, la orden que emitió ayer el titular de la Físcalía N°10, el Dr. Federico Luppi, refería puntualmente a la averiguación de las identidades de los involucrados en la toma de los terrenos de distintas familias con derecho sucesorio, en un acto organizado en el cual la organización comandada por una mujer y un hombre llevaba más de 100 personas durante el día y un número un poco menor por la noche.
En un trabajo en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Ayudantía Fiscal, el Servicio Local de Derechos del Niño y Adolescente, la Dirección de Nacional Migraciones y la Secretaría de Seguridad, se llevó al lugar un operativo en el cual esperaban avanzar con la "primera pata" del proceso de desalojo, que es, antes de tener la orden, investigar la identidad de los ocupantes irregulares (Investigación Penal Preparatoria), cuestión que venían negando hacía días. Sólo se habían establecido las identidades de cinco personas, un argentino y cuatro ciudadanos paraguayos.
Los mismos eran, según se logró conocer, G***** Martínez (PAR), S***** Machado (PAR), N******** González Amaya (PAR), J**** R**** Días Bogallo (PAR) y L*** A****** Castillo (ARG). En el lugar de los hechos, a la negación a identificarse de muchos de los presentes, se sumaron otras listas de presuntos delitos, como el intento de venta de esos terrenos y otras contravenciones, que podrían derivarse a más causas una vez se avance esta etapa, si la justicia decide averiguar más.De todos modos, los organizadores principales podrían no estar en este grupo y de hecho no habrían sido detenidos, de modo que los identificados en un comienzo, podrían no ser del orden principal de la organización, que tiene varios grupos diversos y que habría sido armada con extranjeros de manera deliberada y escogida, según los primeros pasos de la investigación, a la cual le faltan muchas fuentes, a juzgar por las versiones que circulan en el barrio.
