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La noticia se conoció este lunes 28 de octubre y afectaría a funcionarios y todo tipo de personal político. Según se supo, algunos podrían seguir hasta diciembre desempeñando sus funciones ad-honorem.
El día después de las elecciones reflejó el rebote del resultado en el actual Gobierno municipal. Este lunes 28 de octubre trascendió la noticia de que el Intendente, Darío Kubar, tras la derrota, pidió la renuncia a todos los funcionarios y personal político de la Comuna. Más allá de que se esperaba una lógica reestructuración en el plantel municipal y aunque desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca "dejarle ordenado el gabinete al próximo gobierno", hay versiones que indican que la medida podría responder a la situación económica y financiera que atraviesa el Municipio. Con las renuncias del personal político, muchos afirman que se produciría una reducción presupuestaria que se utilizaría para tapar deudas. La versión que circula entre varios actores de la política local es que ya había problemas para el pago de los sueldos y que se habrían utilizado fondos afectados (partidas presupuestarias asignadas a distintas cuestiones que deben ser utilizadas sí o sí para esos fines) para cubrir gastos corrientes, algo que constituiría un delito penado por la ley. La Ley Provincial 15.078 en su artículo 34 especifica, de todas formas, que exime de sanciones cuando estos recursos sean "restituidos a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, desde el cierre de ejercicio en el que hubieran sido utilizados". Hay funcionarios que continuarían en el Gobierno aunque "ad-honorem" hasta diciembre. La Posta pudo confirmar que, por ejemplo, Eduardo Rodríguez que se desempeñaba en Inspección General, ya presentó su renuncia y a partir del 1 de noviembre se desempeñaría como subsecretario de Gestión Administrativa y Operativa. Habría otros que se sumarían a desarrollar sus tareas sin percibir haberes, aunque en general la noticia generó malestar en el plantel municipal. Otros funcionarios estarían preocupados por su futuro que deberán resolver en el ámbito privado, y otros que bajarán de sus cargos políticos a sus puestos de empleado de planta permanente, lo que supone una disminución considerable de salario.Notas relacionadas