La medida fue implementada a partir del reclamo de un usuario afectado por la suba de las cuotas de un plan de ahorro.
El último miércoles, 17 de junio, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a través de la Justicia, determinó que los pagos mensuales de un plan de ahorro para la adquisición de un 0 KM no podrán superar el 20% de su salario.Se trata de una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de La Plata, que consideró “desproporcionado” el aumento de las cuotas hechas por una empresa administradora (FCA S.A.) de Ahorro para Fines Determinados, y fijó este límite porcentual ante las diferentes violaciones de derechos y el peligro de la pérdida del vehículo que podría generar la falta de pago debido a los incrementos.
“La difícil situación que atraviesan quienes tienen un plan de ahorro es un tema que seguimos con la Defensoría desde hace tiempo. Las concesionarias aplican cláusulas abusivas contra los consumidores y los ponen ante la obligación de pagar las subas irracionales o perder lo ahorrado”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Este fallo se dio por el caso de un usuario de la ciudad de La Plata que entró en un plan de ahorro por un automóvil. Al no salir sorteado en las primeras cuotas y al necesitar el vehículo para transportar a su hija con discapacidad, decidió adjudicarlo luego de que la concesionaria le confirmara que mantendría las mismas cuotas pero pagando sólo una diferencia al momento de recibir el vehículo.
Sin embargo, los pegas mensuales fueron aumentando: entre julio de 2018 y noviembre de 2019 las cuotas se incrementaron más del 300%, una cifra muy por encima de todas las variables económicas, como el aumento del dólar o la inflación, lo que alteró sustancialmente las contraprestaciones establecidas originalmente en el contrato entre el usuario y la concesionaria.
En este caso, que se repite en la gran mayoría de quienes presentan problemas con los planes de ahorro, se observó la vulneración de derechos constitucionales que protegen los intereses económicos de los consumidores, los de información adecuada y veraz, la libertad de elección, trato equitativo y digno, pero también tuvo lugar la desnaturalización de las prestaciones, abuso de posición dominante, incumplimiento contractual al haber una deslealtad en el contrato por parte de la empresa.
"No hay manera de encontrar justificativos ni argumentos que permitan sostener la razonabilidad de estos aumentos. El consumidor queda rehén de una situación en la que sigue pagando con valores totalmente desnaturalizados o deja de hacerlo y pierde el auto y el esfuerzo de tantos años”, puntualizó Lorenzino. 
