Se produjeron en la plaza de las calles El Chasqui y Atenas en la madrugada del viernes 10 de julio, casi cuatro días después del episodio ocurrido a unas cuadras de allí en un terreno El Chasqui y Arriola. Así como el anterior, la usurpación fue desactivada por personal policial, aunque el clima sigue muy tenso en el vecindario.
Ampliación Agua de Oro vive días agitados por los recientes conflictos por ocupaciones ilegales.
El pasado lunes 6 de julio, varias familias habían ingresado a un terreno en la calle El Chasqui y Arriola y, luego de intervenciones de la Policía y tras situaciones de tensión y violencia, se logró el desalojo de los intrusos.
Casi cuatro días después, en la madrugada del viernes 10, alrededor de las 2.50 horas, un grupo de familias (alrededor de 20 personas en total, según relato de los vecinos) trataron de instalar sus casillas en la plaza del barrio, en El Chasqui y Atenas. De acuerdo a la información que circuló, un vecino hizo sonar la alarma vecinal que alertó al resto y se dio aviso a las autoridades.
Personal policial se hizo presente en el lugar y desactivó la usurpación, aunque hubo resistencia y una postura agresiva contra los agentes, que demandó que se acercaran más móviles de apoyo para contener la situación. Pese a que la plaza quedó vacía, el vecindario quedó convulsionado y en un clima de tensión.
Como se sabe, en la zona viven muchas familias de nacionalidad peruana y boliviana. De acuerdo a información oficial a la que pudo acceder La Posta, en la plaza fueron identificados al menos seis personas entre las que había una mujer boliviana, dos hombres peruanos y también tres argentinos. Sin embargo, muchos otros de los que participaron en la usurpación son reconocidos por el resto del barrio, algo que generó una discusión interna.
Según se dijo (aunque no pudo constatarse), a diferencia de la ocupación ilegal del lunes donde se trataba de familias que vendrían de Capital Federal, en este último caso los usurpadores habrían sido "familias del barrio" apoyadas por vecinos que consideran que deben acceder a un espacio para vivir por su situación de vulnerabilidad social y económica dado que la acción no está vinculada a otras actividades ilícitas como suele ser la venta de droga. El argumento no evitó el repudio de quienes se mostraron de acuerdo con el aviso a la Policía y habrían existido enojos y acusaciones cruzadas, en torno a una problemática que, pese a los distintos gobiernos municipales y contextos de país, no deja de repetirse en Rodríguez.