Funciona en la calle Maipú al 1500, en el barrio Parque Rivadavia, desde hace un par de meses. Sería el mismo que funcionaba bajo el nombre de "La Nona" en Moreno, donde meses atrás había sido clausurado tras irregularidades y muertes de ancianos por Covid-19.
La noticia trascendió días atrás cuando la dueña de la propiedad donde se instaló la residencia de ancianos, Eugenia Dal Conzo, denunció públicamente que el lugar no contaba con habilitación y que, según ella, "no pagaron el alquiler ni los servicios".
Dal Conzo fue incluso entrevistada hace unos días en un móvil televisivo del programa "Todas las tardes" que se emite por Canal 9, para hablar de la situación. Argumentó que la dueña de la residencia le había dicho que quería hacer funcionar allí un hogar de ancianos y que ella creía que lo haría "con la habilitación correspondiente".
Luego detalló que el alquiler se hizo "por inmobiliaria" y que "se le entregó el contrato para que fuera a certificarlo a San Justo donde ella vive, pero nunca lo trajo y yo nunca lo firmé. Ella estaba apurada, pagó el mes de adelanto y nada más, se le facilitó la llave porque se volvía a Fase 1 para principios de julio y no iba a poder hacer la mudanza. Se preveía que ella iba a traer muebles, y trajo los abuelos".
Y agregó: "Soy madre soltera y vivía de este alquiler, pero pasó a otro plano: no quiero que pase lo que pasó en Moreno". Según ella en la casa hay lugar para cuatro personas y en realidad hay siete adultos mayores.
En Moreno, la residencia "La Nona" había sido clausurado por la Municipalidad a principios de abril luego de dos muertes y otros seis casos de coronavirus entre sus adultos mayores, además de una serie de denuncias por irregularidades graves. En Rodríguez, se instaló con el nombre de "Hogar Sustituto San Expedito".
La situación fue expuesta a nivel local por el concejal de Juntos por el Cambio, Francisco Pin, quien elevó un pedido de informes para conocer la situación legal del emprendimiento y si contaba con habilitación para funcionar como tal. Además, publicó en Facebook una denuncia que Dal Conzo hizo en la Guardia de Ordenamiento Urbano (GOU) para informar que el lugar no estaba habilitado.
Sin embargo, luego se supo que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires le otorgó una habilitación provisoria dado que, según normativas vigentes, no se podría efectuar el desalojo de adultos mayores en el contexto de emergencia sanitaria. En la inspección del personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria se dejó asentado, igualmente, que la titular deberá adcuarse a una serie de cuestiones establecidas para geriátricos o establecimientos de cuidado de ancianos. Se trata de regularizaciones administrativas en cuanto a su personal y a sus pacientes, y edilicias en función de la seguridad e higiene, tales como, entre otras cosas, la colocación de rampas, escalones en los baños, aplicación de pintura ignífuga en distintos sectores y colocación de revestimientos específicos. La habilitación transitoria le permitirá al establecimiento seguir en funcionamiento mientras se adecúa a dichas exigencias.
Más allá de eso, el conflicto continúa dado que la titular del geríatrico, de nombre, Anahí Barrios, denunció en la Fiscalía N°9 al concejal Pin. De acuerdo a lo que pudo conocer La Posta, acción penal refiere a que el sábado 22 de agosto el legislador se habría presentado en la propiedad de la calle Maipú para "inspeccionar el lugar y solciitar documentación".
La denunciante comentó que la encargada de la residencia fue la que lo habría recibido y que el edil "solicitaba documentación e interrogaba a mi empleada de manera intimidante" además de ingresar "al establecimiento sin autorización, sin cumplir el protocolo Covid-19" debido a que en el lugar viven personas de alto riesgo para la enfermedad. Explicó que Pin se retiró prometiendo regresar para hacer efectiva la clausura y que estaba junto a otras personas en dos vehículos particulares.
Por todo ello, quiere imputar al concejal por el articulo 205 del Código Penal por el hecho de que "la presencia indebida sin respetar el protocolo puso en riesgo a por lo menos siete personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo del coronavirus". También lo acusa de violar artículo 246 por "haber ejercido función pública de inspector de área específica sin contar con nombramiento de estilo que le concede tal función", y el 248 por "querer hacer cumplir una normativa de clausura que se encuentra suspendida por ley". Y finalmente lo vincula a un hecho de violencia de género por dirigirse a la empleada "de manera agresiva, violenta, sin permitir que se le dieran explicaciones" y con "actitud machista, aprovechadora y amenazante" ante "una mujer de 46 años" y "dejando por sentado que si el interlocutor hubiese sido un varón, se hubiere manejado de otra manera que no hubiera sido humillante".
En comunicación telefónica con nuestro medio, el concejal Francisco Pin desmintió enfáticamente los hechos y relató que se acercó al lugar con Dal Conzo y sus hijos menores de edad, llegó hasta la puerta y dialogó con la empleada "durante dos minutos" para preguntarle si había adultos mayores en la propiedad y si contaban con habilitación para luego retirarse.
