Por 10 votos contra 8, se impuso el despacho presentado por el Frente de Todos, que, curiosamente, contó con el apoyo de una de las bancadas opositoras. En tanto, el bloque que presentó el proyecto original (Juntos por el Cambio) se mostró “contento” por la aprobación, aunque manifestó un “sinsabor” por las características del nuevo documento al que consideraron .
El último jueves, 17 de septiembre, se llevó a cabo una nueva sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez en el SUM de la Cámara Empresaria local, sede que ya se tornó habitual desde que entró en vigencia la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus.
De la reunión participaron todos los y las concejales, a excepción de Natalia Ruiz (Juntos por el Cambio-Vidal Conducción) y Helena Chaves (Frente de Todos), ambas ausentes con aviso.
En más de tres horas de reunión, se trataron los 35 puntos que dieron forma a la orden del día y, si bien hubo discrepancias en el tratamiento de algunos, en la mayoría se llegó a un consenso, de hecho, se aprobaron 34 y apenas se rechazó uno.
Pero la jornada tuvo entre sus puntos principales la votación del proyecto de ordenanza que solicita la declaración de la emergencia en materia de seguridad pública en General Rodríguez. El mismo, elevado por Juntos por el Cambio y tan discutido en la sesión anterior por los concejales Francisco Pin y Diego Escobedo, fue nuevamente materia de debate en la Cámara Empresaria.
En primer lugar, se leyeron las modificaciones al proyecto original formuladas por los ediles Reinaldo Torres, Emilse Portela, Lorena Cantos y Juan Pablo Anghileri, que se detallan a continuación:
En el articulo 1º, se aclarará que la emergencia en seguridad tendría vigencia por el lapso de 180 días corridos a partir de la aprobación del proyecto. A su vez, establece que el Departamento Ejecutivo será el encargado de disponer la aprobación de la prórroga de la emergencia en seguridad por igual lapso o darla por finalizada antes del primer plazo en caso de estimar finalizadas las condiciones que dieron origen a la emergencia.
En el siguiente artículo, se solicita la gestión por parte del Municipio de las fuerzas federales en coordinación con las fuerzas locales en lo referido a tareas de patrullaje, especialmente en la identificación de vehículos.
En el tercero, en tanto, se hace hincapié en la gestión y adquisición de cámaras de seguridad, en el impulso de proyectos de prevención social orientados a la prevención del delito, y en la promoción en la ciudadanía de efectuar formalmente la denuncia de los delitos.
En cuanto al otro despacho –firmado por Pin, Omar Caballero y Daniela Oroño–, no se realizó una lectura detenida del mismo, sino que el propio presidente del bloque Juntos por el Cambio tomó la palabra y expresó su “enorme desilusión” debido a que el presidente del otro bloque opositor (Juntos por el Cambio-Vidal Conducción), Marcelo Basilotta, estaba apoyando “un proyecto de resolución que reconoce que la ex gobernadora María Eugenia Vidal le descontó el 30% del sueldo o critica la gestión de la propia ex gobernadora”, sostuvo Pin, y continuó: “Nosotros presentamos este proyecto con una idea clara, que era poner en agenda un tema que estaba siendo dejado de lado de la agenda pública pese a que la sociedad rodriguense está viviendo con temor porque la inseguridad es creciente, porque la policía no cuenta con los medios necesarios, por los excesos de la propia policía, por la contradicciones de los ministerios nacionales y provinciales, por el accionar errático del área de Seguridad municipal. Y la gente vive con temor y dejábamos pasar que estábamos en una situación de emergencia”.
No obstante, Pin expresó: “Pese a las diferencias que hemos tenido en el debate, y la he tenido con el concejal Escobedo, quiero poner en manifiesto que pudimos, finalmente, como cuerpo legislativo, poner el tema de la seguridad en agenda, seriamente; y reconocer la gravedad de la situación y no minimizarla”.
“Prácticamente el proyecto que van a aprobar es meramente declarativo porque eliminaron todo el articulado que tenía que ver con las obligaciones expresas que nosotros imponíamos sobre el Ejecutivo municipal", continuó el edil radical. Voces consultadas manifestaron que en las cuestiones técnicas las principales diferencias de la iniciativa aprobada con la original era que suprime las partes en las que el proyecto establecía que el Ejecutivo tuviera un plazo de 30 días para elaborar un plan estratégico de seguridad y que debía remitir informes a la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante sobre las compras y contrataciones realizadas para las acciones a desarrollar en esta cuestión.
"Nosotros planteábamos un plan integral de seguridad y ustedes lo quitaron; nosotros planteábamos la necesidad de que la secretaria o quien esté a cargo del área de seguridad se presente en el Concejo Deliberante a dar las explicaciones de la medida tomada durante la emergencia y ustedes la quitaron; poníamos en cabeza de nosotros mismos la prórroga o el cese de la declaración y ustedes lo quitaron. Con lo cual, es evidente la desnaturalización de este proyecto de ordenanza y casi la conversión, pese al nombre, en un proyecto de comunicación o en una mera declaración, pero nosotros plantamos la bandera, pusimos en agenda la necesidad de discutir la seguridad, planteamos la gravedad del tema y logramos debatirlo y que así se reconozca”, concluyó Pin, al expresar que lo dejaron con un “sinsabor porque esperábamos más”, aunque se mostró “contento” por la aprobación.
A la alocución del presidente de la bancada de Juntos por el Cambio le respondieron los ediles Torres, Escobedo y Basilotta. Este último, en base a ese discurso y a un debate anterior sobre la huelga policial de la semana pasada, dijo: “Yo tengo claramente el trabajo que hizo María Eugenia Vidal y en este caso, apoyo ese respaldo a cualquier figura, ya sea Kicillof o quien sea, en no permitir ese tipo de situaciones que están muy lejos de la vida democrática. Más allá de su apreciación, concejal, respecto al 30% de descuento del salario policial, que no fue así tampoco, la verdad que muy poco me importa ese concepto. Sí me importó en el sentido de que no vamos a reconocer, y fue claro el presidente del bloque oficialista en decir que eso lo van a retirar, porque creo que hubo un error político serio en el manejo del tema policial”.
El cuestionado geriátrico de Parque Rivadavia despertó tensos cruces
Pin presentó un proyecto de comunicación por la denuncia de una vecina que alquiló la propiedad de la calle Maipú donde se instaló el geriátrico cuya dueña sería la de la polémica Residencia La Nona, clausurada en Moreno.
El concejal dijo que el conflicto podría ser calificado de "privado", pero que tiene connotaciones públicas "porque la persona que alquiló esa propiedad, instaló un geriátrico, en plena pandemia y prohibidos los traslados llevó adultos mayores y empezó a explotar comercialmente el lugar como geriátrico, sin tener título de propiedad, sin planos, sin habilitación. Hay una denuncia al GOU que obra en el expediente, pero el Estado la ampara".
Pin habló de la denuncia que le hicieron desde el geriátrico, con "todos hechos falsos" para "silenciar". "No podemos avalar que sigan trabajando. Pedimos la urgente intervención del Estado para cesar los abusos de los vivos de turno y los que pueden estar avalando esto, porque detrás de esto hay connivencia. Y si no hay connivencia, hay que actuar. Hay que dejar de permitir que actúen los vivos de siempre".
El concejal Fernando Vera le respondió: "La secretaría de SAlud y Desarrollo Social toma conocimiento de la situación a principios de agosto y da cuenta de que eso funciona desde principios de año. Pin hace hincapié en la propiedad privada, y nosotros hacemos hincapié en los derechos de los adultos mayores. Sí claramente hay un conflicto entre privados y se tiene que solucionar. Habrá que investigar si las dos partes fueron perjudicadas por la inmobialiaria, podría asesorarse. Creo que el derecho a la vida está por encima de la propiedad privada".
Y agregó: "Había tres abuelos. A los dos días se hace una campaña antigripal. La Dirección de Adultos Mayores fue al lugar a hacer recomendaciones para el mejor cuidado de los adultos mayores. Salud de Provincia también se acercó, por una ley 15.171 que habla de la emergencia en geriátricos públicos y privados en la provincia. En base a esto, se acercaron desde el área de Salud para regular y no tener que trasladar a los adultos mayores. No es una excusa la pandemia. El Estado tiene que velar por la seguridad de esos abuelos. La casa estaba habitable. Nos incumbe como Estado que no se mueran. Si lo escuchó hablar a Pin así frente a un micrófono, no quiero imaginar como habrá tratado a la empleada sin sin cámaras ni micrófonos en el geriátrico cuando se acercó. ¿Sabe que fue denuncia penal, Pin? cuando denunciaron a Mauro García y Reinaldo Torres. Eso si fue persecución. Hay dos visiones del Estado, la de él de la propiedad privada y la nuestra de garantizar la vida de los adultos mayores".
Pin tomó la palabra: "Vera parece que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social. O a lo mejor es inspector de geriátricos o tiene algún interés. Eso no es un geriátrico, es una quinta en la que una señora que explota un geriátrico con la connivencia de alguien que Vera hoy defiende, metió ancianos en plena cuarentena. Nadie dice que el derecho a la vida sea más importante que el derecho a la propiedad. Decimos que los mismos tipos que no se preocupan por los ancianos amontonados en el Banco Piano, ahora no pueden sacar a los cinco abuelitos de la quinta clandestina que Vera defiende. ¿Por qué Vera defiende esa quinta, por qué avala las denuncias falsas? Investiguemos eso. Si les preocupa el derecho a la vida, ocúpense del Banco Piano que hace seis meses que no pueden controlar una cola. Y despues el piripipi del derecho a la vida. Vemos a Kubar llevándole sillas, le lleva café la iglesia evangélica. Vera los amontona y despues le cobran en el geriátrico clandestina y se suma a las acusaciones falsas de perseguir a los concejales que denuncian y hacen su trabajo. Si se cree Vera que me va a asustar con sus denuncias falsas, está confundido. Y también si me va a decir que me importa más el derecho a la propiedad que el derecho a la vida. No me van a callar".
Torres le respondió: "Sólo le pido a Pin que no denigre el trabajo militante. Somos concejales militantes. Si usted y quienes los rodean no van a patear los barrios o hacer ese trabajo que les corresponde de estar con las Secretarías, es su problema. El compañero Vera día y noche está en el Concejo Deliberante, en el territorio, junto a la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Habló del Banco Piano? Con compañeros y compañeras estuvimos presentes. A usted no lo vi, mientras se cuidaba (y está muy bien) en su domicilio".
Vera culminó: "Durante toda la sesión quedó claro que esto fue una visión ideológica. Quedó claro la visión del Estado que quiere. Polverini preocupado por la ambición de la empresa, Pin hablando de los caídos de la Policía que me hace recordar a la teoría de los dos demonios. Habla de persecución cuando nosotros fuimos perseguidos, ustedes denunciaron a los compañeros militantes en consonancia con lo que pasó a nivel provincial y nacional. Hagase cargo de la visión que tiene del Estado: usted defiende la propiedad privada por sobre la vida de los adultos mayores".
Pin: "El derecho a la vida es nuestra prioridad. Tiene que ver con nuestra visión del mundo, en el caso de nosotros los radicales. La defensa del derecho a la propiedad también lo es. Defendemos los principios que la Constitución establece. Respeto su visión ideológica, pero de la misma manera que no soy capaz de poner en boca suya cual es el orden de prelación de sus derechos, le pediría que deje de poner en boca mía cuál es el orden de prelación de los míos. Porque me falta el respeto. Y también me falta el respeto cuando pone en duda que la denuncia que me hicieron es falsa. Y si no tiene nada que ver, lo mínimo que debería hacer es no sembrar un manto de sospecha que usted sabe que lo hace de mala fe. Lo miro a los ojos y se lo digo. Si no tiene nada que ver, no siembre manto de sospecha sobre un hecho que intenta callarme. Respeto que defienda a la Secretaría de Desarrollo Social y su trabajo como concejal. Lo que no le voy a permitir es que siembre un manto de sospecha sobre mi conducta".
Otros puntos discutidos en la sesión
Hubo cruces y un debate caliente sobre un proyecto de "apoyo y reconicimiento a Axel Kiciloff" por el conflicto con la Policía bonaerense. Pin aseguró que respaldaban al gobernador y al Presidente ante un intento de avasallamiento institucional, pero criticaba la gestión del mandatario provincial. Escobedo salió al cruce y remarcó la influencia de la pandemia en la situación actual. Se resolvió quitar del proyecto la palabra "reconocimiento" y dejar sólo "apoyo" para llegar a aprobarlo.
El único rechazado
Juntos por el Cambio elevó un proyecto de resolución alusivo a la decisión manifestada por el presidente de IOMA (Instituto de la Obra Médico Asistencial), Homero Giles, de implementar el modelo prestacional de médico de cabecera. Desde el bloque opositor sostuvieron que la voluntad de implementar este modelo para IOMA, la obra social de empleados públicos, "que siempre se ha caracterizado por la libre elección de médicos, evidencia el avance del Gobierno y la intención de ‘pamización’ de la obra social de los bonaerenses violando la ley y avanzando sobre el IOMA en una medida que puede traer complicaciones y un sistema de atención médica de inferior calidad". Sin ningún intercambio de postura mediante, la moción terminó siendo rechazada por minoría de la oposición en el recinto.
Foto principal: Archivo.
