La causa, que lleva más de un año y medio, finalmente desvinculó a los agentes Abel Acosta y Alexis Romero, ambos efectivos de la DDI General Rodríguez, por decisión del Dr. Ventricelli, perteneciente a la Fiscalía que ahora lleva la causa.
El terrible episodio que comenzó con el homicidio de un hombre de 41 años en Villa Arrarás sumó un nuevo capítulo y aquellos involucrados hasta el momento volverán a declarar para tratar de continuar con el esclarecimiento de la causa. A comienzos de 2022 se produjo el asesinato de José Gutiérrez, un bicicletero que fue ejecutado producto de un ajuste de cuentas. Tras un año y medio de investigación en esta causa conocida como la de narcopolicías, que incluyó la detención de policías vinculados a este caso de narcotráfico y la renuncia del ex secretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez, Daniel Ibarra, la Justicia decidió en agosto que todas aquellas personas imputadas brinden nuevamente declaración.
La ampliación de indagatoria incluye a los policías que fueron arrestados como así también a los que todavía permanecen detenidos. El objetivo, de acuerdo a lo que indicaron las fuentes judiciales, es que se buscará profundizar en la investigación respecto a posibles coautores de los hechos imputados y, a su vez, continuar respecto de los autores materiales del homicidio cometido a José Gutiérrez.
En las últimas horas, se conoció que tanto, tras haber sido liberados en septiembre de 2022, el Capitán Abel Acosta y el oficial Alexis Romero, obtuvieron el sobreseimiento por parte del fiscal que ordenó a la jueza los desvincule totalmente de la causa. Junto a su abogado, Rodrigo Tripolone, se acercaron a dialogar con nuestro medio tras lo sucedido.
El letrado explicó, primero, que "ellos son los únicos dos que fueron desvinculados, los demás fueron elevados a juicio oral sin fecha todavía. No hay nada claro en la causa, inició con una investigación por homicidio y continuó con algo que tiene que desdoblarse con respecto a la acción de los oficiales que intervinieron y a la imputación de esa supuesta desaparición de 5 kilos de droga y dinero que no hay ningún tipo de prueba. No hay nada, son especulaciones que tienen los que actuaron en la investigación desde un principio".
A su vez, agregó que "ante la insistencia del ayudante del fiscal de querer detener por algún motivo al jefe de la DDI, él a mí me pide que guionemos algo, explícitamente. Su objetivo era voltear al jefe de la DDI, había un interés por meterlo preso. Él nunca quedó vinculado incluso. La investigación arrancó tan mal y fue tan desprolija, lo único que tienen para sustentarla es la declaración de dos narcotraficantes. Ellos dicen que venden droga y terrenos truchos, son delincuentes y testigos, algo que la Justicia prohíbe porque cuando alguien se autoincrimina en la declaración pasa a estar imputado con las garantías que eso conlleva. Estas personas no fueron por su cuenta, sino que las trasladaron las fuerzas públicas, hubo colaboración de la Policía Federal".
Por su parte, Acosta recordó que su función esa noche fue "solamente cumplir con la recorrida y tareas judiciales. En un momento me llaman para que vaya al lugar para hacer el traslado de dos personas. Me acerqué con el oficial Romero en un móvil identificable, estábamos a 70 metros de la comisaría de Álvarez y veo a mi compañero con las dos personas que trasladamos. Ahí empezó mi odisea que hasta el día de hoy no puedo creer lo que viví".
En este sentido amplió: "Compañeros míos los detuvieron, pidieron que vayamos al lugar. Las llevamos a la DDI, se hace un aviso por WhatsApp que iban dos personas aprehendidas por la Ley 23.737, lo cual toma conocimiento todo el personal que está en el grupo. Llegamos, fotografiamos y demás cuestiones de procedimiento. Tras llevarlos nos fuimos con mi compañero porque ya no teníamos más que hacer y continuamos con las tareas. Pedí un chaleco y me fui. Un día llegó un allanamiento en mi casa, no entendía nada porque estaba tranquilo y había hecho todo como corresponde. Tengo 30 años de policía, fuimos a aclarar qué pasaba".
La causa estuvo en un principio en manos de la Fiscalía N.º 9 de General Rodríguez, a cargo de la Dra. Urrutia, quien fue duramente criticada por los presentes por la forma en que se encaró la causa. Luego, tras la denuncia del abogado, la continuó la Fiscalía N.º 12, quien hoy la continúa, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli.
"Nunca pensé estar en ese lugar, sentado como un delincuente. Estuve cinco meses detenido, privado de mi libertad en la Comisaría de Morón Quinta, para personal policial. No se lo deseo a nadie, 30 años de servicio y fue el momento más feo. Todavía estoy sentado acá, me da mucha bronca por la injusticia que cometieron personas en un Juzgado. Quiero recalcar al Dr. Ventricelli por darse cuenta de todo lo que tiene que tener una investigación. Su conclusión fue que no tenía que estar más detenido y me desvincula de la causa", sostuvo Acosta.
Tripolone señaló que "los ayudantes fiscales equivocaron el camino y cuando advierto la irregularidad de guionar la declaración. Yo grabo ese audio, a eso hay que agregarle el lenguaje corporal que tenían ellos de cómo llevar la causa. La investigación se va a caer, para todos. Cuando se desdoble la causa no va a quedar ningún caso de narcopolicía, no hay un canal de investigación, salvo dos personas que se confiesan delincuentes y están libres con custodia policial".
Muy molesto con el procedimiento que tuvo la investigación expresó que "empezaron a meter cosas, armaron este circo mediático que se les fue de la mano. Yo se los dije a ellos dos, jugaron a los investigadores, miraron muchas series. Si estuviéramos en un mundo con justicia no tendrían que estar trabajando más para el Ministerio Público, pero acá no sé qué pasará. El Dr. Ventricelli actuó siempre en el marco de la legalidad, siempre fue muy objetivo. Inmediatamente, otorgó la libertad de ambos efectivos y los desvinculó de la causa. Pero las otras denuncias contra estos fiscales y la UFI N.º 9 fueron pasando de fiscalía en fiscalía por cuestiones de amistad, cercanía y conocimiento. Eso creo que va a quedar ahí, ya dependerá de lo que haga el Fiscal General, ellos deben continuar, hay un sumario abierto. Mi objetivo era demostrar que ellos son inocentes".
También el letrado reflexionó: "Prácticamente, tendríamos que dudar de todas las causas, nadie tiene garantías. Vos no sabes en qué hecho, te podés ver involucrado por cosas que vi. Uno ve lo que sucede, hay que dudar de todo. Hay gente muy buena y muy mala como en todos lados, la realidad es que tienen mucho poder concentrado. Es difícil confiar hoy en el sistema judicial argentino".
Por último, Abel Acosta indicó que "a mis compañeros policías les quiero decir que trabajen tranquilos, pero que no les toqué un juzgado malo porque van a vivir cosas como las que viví yo. A la gente que es el barrio y el pueblo me conoce, General Rodríguez me conoce. Soy honesto, tengo mi casa que me dio el gobierno y estoy pagando. No quiero dar lástima, soy un tipo sencillo y común, no soy un jefe de ninguna banda como pusieron en los canales televisivos".
Cómo comenzó el caso
El 10 de febrero de 2022, en las calles Tulissi y Ramón Cajal, de la localidad de Francisco Álvarez, dos policías de la Comisaría 6° de Moreno frenaron una camioneta utilitaria blanca y apuntaron con sus armas a Osvaldo Martín "El Tío" Torres y Julieta Zárate, su mujer.
Sin orden judicial, le requisaron el vehículo y les quitaron los cinco ladrillos (5 kilos) de cocaína que llevaban. Los guardaron en el patrullero y se fueron junto a un tercer oficial que los esperaba en su interior.
La pareja, capos narco que operaban en General Rodríguez y la región, llevaban esa droga para cambiarla a un "transa" por 25.000 dólares. Los habían trasladado a la comisaría y lo habían engañado a "El Tío" diciéndole que tenía que pagarles $4 millones para que liberaran a Julieta Zárate.
Lo cierto es que todo era una puesta en escena. El acta del falso procedimiento indicó que los habían arrestado por tenencia para consumo personal de 0,4 gramos de cocaína. Nada figuraba allí de los 5 kilos que les habían secuestrado en la camioneta.
El sangriento crimen de Villa Arrarás que desató ese engaño al capo narco
Cinco días después de ese episodio, sicarios mataron a balazos a José "Diosito" Gutiérrez, un bicicletero que solía visitar a "El Tío" y que se dedicaba a la venta de droga al menudeo. Mientras lo ejecutaban, los vecinos escuchaban no sólo los tiros, sino también los gritos de su mujer e hijos encerrados en el baño.
El capo narco lo había mandado a matar cuando se enteró de que Gutiérrez había orquestado una "entrega" entre policías y dealers para quedarse con la cocaína. El plan lo ideó junto a Miguel Ángel "El Viejo" Delgado y Pablo "Gordo" Lugones, quien se encargó de contactar a los tres policías. Y también que entre ellos habían pactado repartirse la droga en partes iguales.
Aunque recibieron los dealers sus 2,5 kilos de cocaína, Infobae relata que aparecieron otros cinco agentes y se los quitaron en un segundo procedimiento que también se investigó junto al crimen de Gutiérrez, por la fiscal Gabriela Urrutia, de la UFI N.º 10 de General Rodríguez.
En septiembre pasado, la UFI N.º 12 de Moreno decidió liberar a dos de los policías implicados, Alexis Romero y Abel Ramón Acosta. A su vez, en noviembre, la Justicia decidió lo mismo con Gabriela Noemí Ibarra, hija del entonces subsecretario de Seguridad de General Rodríguez, Daniel Ibarra, quien renunció a su cargo tras conocerse el conflicto.
Mientras tanto, continúan detenidos el oficial Juan Eduardo Vieira, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.
