Kicillof busca tomar deuda por 150 millones de dólares para terminar obras, cubrir otras deudas y pagar sueldos
Con el aguinaldo en el horizonte y la asistencia a municipios, el gobernador envió un proyecto al Senado bonaerense para contar con respaldo crediticio antes del cambio de gobierno en Nación
El Ejecutivo bonaerense envió a la Legislatura un pedido de endeudamiento por US$ 150 millones de dólares con el objetivo de sostener la inversión pública provincial en distintos proyectos y programas sociales.
El mismo pide que se autorice al Poder Ejecutivo “a endeudarse en pesos por hasta el equivalente” de US$ 150 millones de dólares, “calculando al tipo de cambio vigente al momento de realizar cada operación de crédito público”.
Además, señala que el objetivo del endeudamiento es “financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellos en materia ambiental y de desarrollo sustentable”.
Asimismo, con el dinero al que se acceda, la Provincia buscará atender el déficit financiero, regularizar atrasos, cancelar o renegociar deudas, señala el proyecto presentado entre otros puntos.
La iniciativa podría ser tratada el próximo miércoles 29 de noviembre en la Cámara de Senadores y se anticipa al debate del Presupuesto 2024 y la Ley Impositiva.
A raíz del cambio de gobierno y el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, Kicillof apuró la interlocución con los intendentes, especialmente los de la UCR, para salir a tomar deuda.
Como guiño a los intendentes para que sus legisladores acompañen la iniciativa, se incluyó la reprogramación de deudas que los municipios mantienen con la provincia desde 2020 y que sirvieron a los intendentes para palear la pandemia. También le extiende la devolución de los fondos que les giró la provincia a los intendentes para pagar el bono de 60.000 pesos para trabajadores municipales.
Los números de la provincia
El Presupuesto 2023 de la Provincia contempló un endeudamiento de $168.062 millones de dólares. Representando el 2,5% del presupuesto total.
“Sin embargo, la evolución de las principales variables macroeconómicas durante este año estuvo por encima de todas las previsiones y ahora esa autorización representa tan solo el 1,9%”, explicaron en el ministerio de Economía bonaerense que conduce Pablo López.
Tal cual lo dicho, la iniciativa permite a los municipios reprogramar la devolución de deudas con la Provincia por fondos de ayuda, por unos $8.500 millones, clave para que las comunas puedan pagar sin problemas los salarios y aguinaldos el último mes del año.
La provincia de Buenos Aires recibió en los últimos cuatro años cuantiosos fondos de transferencias discrecionales que le permitieron a Kicillof afrontar importante obra pública y no tener conflictos en la discusión salarial con estatales y docentes.
A diferencia de los fondos de asignación automática, regulados por la ley de coparticipación federal, las denominadas transferencias discrecionales se basan en criterios políticos. Esas transferencias son las que están en riesgo desde ahora según lo adelantado por el presidente electo. Esto probablemente obligue a muchos gobernadores a realizar ajustes en sus provincias.
La clave de un año electoral
Para poner en ejemplo la coyuntura que atraviesa Axel Kicillof actualmente y lo que se le vendría en el corto plazo, hay que destacar que en el mes previo a las elecciones presidenciales las transferencias discrecionales tuvieron un crecimiento récord, de 213% en términos nominales.
Y en el trimestre previo a la elección, el gobierno bonaerense recibió el 43,2% de las transferencias discrecionales, casi un punto porcentual más que su porción previa, por $429.341 millones.
Las provincias que más fondos recibieron para obras públicas en el 2023 fueron Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. En el lado opuesto quedaron Chubut, Tierra del Fuego, Jujuy y Córdoba, según datos de la consultora Aerarium, especializada en el seguimiento del manejo de fondos federales y de acuerdo a información proporcionada por el propio Ministerio de Economía nacional y las carteras económicas provinciales.
