El secretario de Justicia y Seguridad local, Miguel Puentes, se hizo presente en la celebración por el cierre de año del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez. Allí, entre otros temas, habló de la chance de tener una alcaidía en la ciudad, un proyecto similar que se había presentado hace tres años.
El Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez cerró el año 2023 en nuestra ciudad realizando un balance de lo realizado y con la mira puesta en 2024, ya que según los propios funcionarios judiciales aún falta un largo camino por recorrer.
Uno de los invitados fue Miguel Puentes, secretario de Justicia, Seguridad y Transporte del Municipio de General Rodríguez, quien señaló en primer lugar: "esto marca un final de año de mucho trabajo en distintas cuestiones, pero fundamentalmente el gobierno municipal de General Rodríguez por decisión de su intendente ha acompañado y trabaja muchísimo en pos de terminar de conformar el Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez en su totalidad. Creemos que la política está muy comprometida con ese tema porque es, en definitiva, el servicio de Justicia de lo que estamos hablando para toda la población. Y eso es esencial porque lo que reclama justamente el vecino es una Justicia ágil".
En la entrevista realizada al medio Semanario Actualidad, de Moreno, el funcionario municipal agregó que en General Rodríguez "estamos teniendo muchos planes para poder conformar un centro cívico, como también ver y explorar la posibilidad de tener una alcaidía, eso es sumamente importante. También estamos trabajando en el aspecto de la prevención de la seguridad, estamos poniendo mucho ímpetu y todos los recursos necesarios para que el vecino y vecina de General Rodríguez se sientan cada vez un poco más seguros".
El tema de la construcción de una unidad penitenciaria en la ciudad ya fue objeto de polémica años atrás, y en ese sentido Puentes remarcó: "la diferencia es sustancial, porque la cárcel es para aquel que ya se encuentra con un proceso firme, con un proceso de prisión preventiva por una condena. La construcción de una cárcel había sido, digamos, de alguna manera postergada y dejada de lado en un momento donde había otras cuestiones que resolver con mayor prontitud. Estábamos terminando de salir de los dos años de pandemia, había muchas cosas por hacer y ahora creo que el intendente va a estudiar la situación. Lo que yo le he acercado es una propuesta para realizar una alcaidía, que a diferencia de lo que es una prisión, aloja a los aprehendidos y arrestados en una primera fase".
El secretario de Seguridad rodriguense aclaró que las alcaidías cumplen las funciones de los calabozos de las comisarías, "que ya han quedado obsoletos y disminuidos en sus capacidades. En lugar de alojarlos en comisarías durante un lapso de 15 días, los podríamos alojar en otro lugar que fuera más unificado y mejor preparado para poder facilitar su traslado a las dependencias judiciales".
Con el agregado de que este organismo estaría manejado por el Servicio Penitenciario Bonaerense y no por personal policial: "por ejemplo, alguien que es acusado de delito que debe ser trasladado para que se le tome declaración indagatoria o testimonial, va a estar alojado un día en esa dependencia y a lo mejor rápidamente se descubre que no tiene absolutamente nada que ver, entonces no lo podemos trasladar a una prisión para eso. Tenemos que darle las condiciones mínimas de salubridad, que esté cómodo, porque todavía no es culpable de nada. Es una persona que está siendo investigada y quizás estemos ante un inocente", agregó Puentes.
Los dichos de Puentes vienen a clarificar una realidad muy actual: la situación de los lugares que albergan detenidos es complicada, y un establecimiento de este tipo 'descomprimiría' a las comisarías y dependencias locales que hoy se encuentran superpobladas y demandan mayor recurso humano para tareas que, en efecto, no les corresponderían y que les impiden a su vez desempeñarse en la calle.
Un proyecto nacido hace tres años
A fines de octubre del año 2020, distintos medios provinciales daban cuenta de un proyecto denominado Plan de Infraestructura Penitenciaria del Ministerio de Justicia bonaerense, en ese entonces conducido por Julio Alak (hoy intendente de La Plata).
La idea original era que hubiera distintos Complejos Penitenciarios a lo largo de la Ruta 6, no solamente en General Rodríguez sino también en Cañuelas, Marcos Paz, San Vicente y General Las Heras, todos distritos atravesados por la autovía.
De acuerdo al proyecto, cada uno de estos establecimientos estaría compuesto por una unidad carcelaria de mil plazas y una alcaidía de 300.
Si bien el plan simplemente en ese momento era un borrador y contemplaba un plazo de diez años, la noticia comenzó a generar inquietud en los vecinos rodriguenses.
La firme posición de los vecinos contra una prisión
Un año después de haber salido a la luz el proyecto original, en los últimos días de octubre del año 2021 el intendente Mauro García se reunió con vecinos linderos al Hospital Sommer, quienes claramente se mostraron opuestos a la posibilidad de un establecimiento penitenciario en la zona.
Cabe recordar que se habían cedido tierras nacionales próximas al citado nosocomio para que la provincia de Buenos Aires realice obras de índole penitenciaria.
En aquella oportunidad, ante decenas de vecinos, también estuvieron los concejales opositores Fabián Polverini, María Klajnberg, Francisco Pin y Daniela Oroño (todos de Juntos por el Cambio), y el jefe comunal se acercó a intentar llevar tranquilidad ante el malestar palpable y evidente en la reunión.
García comenzó diciendo que el proyecto venía de 2016 para construir alcaidías y cárceles, y Daniela Oroño lo cruzó remarcándole que eran solo alcaidías las de aquella iniciativa inicial. Luego, el jefe comunal manifestó que "priorizamos la posibilidad de una alcaidía porque tiene que ver una necesidad propia del Municipio" y señaló que "lo que siempre hemos planteado como una situación a resolver con vecinos".
García aguantó los embates y enojos, y trató de llevar calma, asegurando, sobre el proyecto de la cárcel, que "yo no lo voy a permitir como Intendente sin antes hacer alguna consulta popular. Ya sea una alcaidía, una cárcel o lo que sea. En otras jurisdicciones se hizo un plebiscito. Pensamos hacerla, ya sea por una alcaidía o una cárcel, o para no hacer nada".
Y luego enfatizó: "frente a cualquier decisión de los organismos nacionales o provinciales, vamos a plesbicitar. Y manifestaremos un NO. Después, la Provincia o el Estado Nacional pueden hacer algún tipo de cuestión administrativa".
Por último, el entonces concejal Francisco Pin tomó la palabra y propuso aprobar en el Concejo Deliberante por unanimidad una resolución para enviar a la Provincia y a Nación y comunicar que el distrito rechaza la instalación de una cárcel, algo en lo que el Intendente se mostró de acuerdo.
Horas después el Municipio emitió un comunicado al respecto aludiendo que "Tomando en cuenta la situación planteada durante las últimas semanas respecto a la posible instalación de una Unidad Penitenciaria en el partido de General Rodríguez, informamos que, consensuando con los vecinos dicha posibilidad, hemos definido no acompañar ninguna iniciativa que tenga como objetivo la posibilidad de la instalación de una cárcel en todo el territorio que comprende el distrito".