Tras medida nacional para fomentar competencia, las empresas de telecomunicaciones tienen liberados los precios

El Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de fomentar la competencia e incentivar la inversión, mediante el decreto 302/2024, desreguló las tarifas de telefonía celular, internet y cable. Por lo cual, las empresas podrán colocar los precios de las tarifas sin un ente que intervenga.

El pasado miércoles 10 de abril, el Gobierno Nacional, oficializó el nuevo DNU que sustituye y deroga varios artículos de la Ley Argentina Digital N.º 27.078. 

De acuerdo decreto N.º 302/2024, ahora las empresas licenciatarias de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), podrán fijar sus precios sin necesidad de mediar con ningún ente regulador, en otras palabras, con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Sin embargo, el documento destaca que las empresas “deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

De todas maneras, y a pesar de que ya entró en vigencia la desregulación de precios, el decreto reafirma que los servicios de las TIC son esenciales y estratégicos, y destaca que es un compromiso del Estado, garantizar el acceso universal a dichos servicios. “Las TIC son un portal de acceso al conocimiento, la educación, la información y el entretenimiento", indican en el texto. Incluso, expresan que Nación sostiene que "en atención al interés público comprometido propio de la naturaleza de los servicios de TIC, resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios".

A su vez, apuntaron contra el DNU N.º 690/20, e indicaron que el mismo "alteró sustancialmente su naturaleza jurídica, incluyéndolo en un sistema de total regulación" por parte del Estado, y que por dichos motivos, decidieron derogar el decreto previamente mencionado para "restaurar el marco normativo original”.

Cabe recordar, que el decreto N.º 260/20, que se originó en el marco de la emergencia causada por la pandemia del Covid-19, indicaba que se suspendía cualquier aumento o modificación de los precios establecidos a lo largo de seis meses, que luego amplió el plazo en el DNU N.º 863/22. Dicha acción, rigió para los servicios de radiodifusión, telefonía fija o móvil y televisión satelital por suscripción.

A su vez, también recordaron como en el decreto N.º 690/20, designaron al ENACOM como su autoridad de aplicación.

De acuerdo a fuentes oficiales, lo que impulsó al Gobierno a realizar la reforma, es la necesidad de incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas del país.

En esa línea, se explicó que la medida busca "favorecer el dinamismo" del sector y "generar un equilibrio competitivo sostenible" para "asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad".

De hecho, esta segunda medida, es similar a la que sucedió días atrás con la desregulación de las empresas de medicina prepaga, en las que el sector incrementó los planes alrededor de un 150%. Por lo cual, el Gobierno debió enfrentar la situación y expresó que a las compañías "se les fue la mano" con los aumentos, y que debido a ello arbitrará medidas para determinar “si hubo una cartelización para afectar a los argentinos”.