La denuncia fue realizada públicamente por el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, y es por eso que auditarán 1,2 millones de pensiones por invalidez laboral de todo el país. Señalan un desvío de fondos de u$s3.400 millones durante las gestiones anteriores.
El Gobierno anunció que auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala” equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes. “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez.
Mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia "ya que en la imagen se puede ver la cola del perro" reveló.
La auditoría será sobre el 100% del padrón de beneficiarios, según reforzaron desde la Andis. “Va a ser uno por uno, insistieron. No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”, insistieron.
Una auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos, en parte judicializados y en parte seleccionados al azar, encontraron que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En el resto, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión.
En la Andis, según definieron, operaban dos circuitos para obtener una pensión: el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y “un circuito exprés”, como lo identificaron. Mientras que el primero demoraba entre uno y dos años, el segundo –concentrado en algunas provincias– resolvía la entrega de la pensión en alrededor de dos meses. Estiman que entre un 30% y un 40% del padrón fueron asistencias mal concedidas.
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis.
Fuente: Infobae
