A través de un comunicado, el Rectorado de la UNLu convocó a la comunidad regional a la segunda Marcha Federal Universitaria, que está anunciada para el próximo miércoles 2 de octubre a las 17 hs. Se definió luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, y habría más gremios y organizaciones presentes que en abril pasado
Distintos gremios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas anunciaron que se plegarán a la nueva movilización federal de lucha por la defensa de la educación pública, programada para el miércoles 2 de octubre. Según anticiparon los organizadores, se espera que esta segunda Marcha Federal Universitaria cuente una participación incluso mayor que la primera, realizada en abril de este año.
El Rectorado de la Universidad Nacional de Luján convocó este viernes a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general a sumarse a esta movilización. Lo hizo a través de un comunicado que dio a conocer a través de la Subsecretaría de Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría General, en donde expresa lo siguiente:
“La Universidad Nacional de Luján (UNLu) se suma a la Marcha Universitaria Federal del 2 de octubre para alzar la voz en defensa de la universidad pública y su papel esencial como motor de ascenso social.
En un contexto de creciente incertidumbre debido al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad educativa se moviliza nuevamente, invitando a toda la sociedad a unirse en esta causa.
Este miércoles, universidades de todo el país ratificaron la convocatoria a la marcha, reafirmando la importancia de proteger un sistema educativo que es el único garante de igualdad de oportunidades y desarrollo social.
Ante la amenaza de desfinanciamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su preocupación por el impacto que este veto tendría sobre el sistema científico y universitario, poniéndolo al límite de sus posibilidades.
Desde la UNLu, convocamos a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y a toda la comunidad a marchar juntos en defensa de la educación pública. Este es el momento de alzar la voz por el futuro de nuestras universidades y por la formación de nuevas generaciones que puedan acceder a una educación de calidad y gratuita.
¡La universidad pública no se vende, se defiende!”
Cómo será la movilización
Según el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, la movilización va a ser “bien federal”, con réplicas de apoyo en cada capital argentina de cada provincia y “con un alto respeto por la pluralidad”. Los gremios anticiparon que habrá una “suspensión de actividades” para acompañar la masiva marcha universitaria.
De acuerdo a lo que difundieron públicamente, además de los rectores de todas las universidades públicas del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los partidos de Izquierda y una fracción del radicalismo adherirán a la muy anticipada marcha universitaria, pero se espera que se sumen otras organizaciones sociales y sindicales.
“Vamos a estar en la Plaza del Congreso apoyando la ley que se votó hace pocos días. Y ojalá que aquellos diputados y diputadas que tienen una oportunidad histórica de darles el aumento que merecen a los trabajadores y trabajadoras de la educación argentina no traicionen el voto de los trabajadores”, anunció Pablo Moyano, líder de Camioneros e integrante del triunvirato de la CGT.
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
