Polémico proyecto para frenar los actos de vandalismo cometidos por menores en General Rodríguez
Se trata de un proyecto de ordenanza impulsado por Ariel Martínez, concejal opositor del bloque Compromiso por General Rodríguez. De qué se trata la propuesta.
El documento, que fue difundido por el propio Martínez en sus redes sociales y que buscará sea tratado en el Concejo Deliberante, busca dar un marco normativo para dar respuesta a los costos que generan los actos vandálicos que son realizados por menores de edad en la ciudad.
La propuesta establece que los padres, tutores, cuidadores o guardadores de un menor que haya cometido podrán ser sancionados con multas de entre $75.000 y $150.000 si algun menor a cargo suyo realiza un acto vandálico en la vía pública o en algún lugar de acceso público, si se encuentra en estado de ebriedad en la vía pública o si se encuentra en un lugar y horario no permitido.
Además, también alcanza a los adultos que, en el marco de fiestas, suministren sustancias como alcohol y drogas a menores y luego estos cometan algún acto que altere el orden en la vía pública. El documento refiere que las sanciones "serán graduadas según las circunstancias, naturaleza y gravedad de la falta y se tendrán en cuenta las condiciones personales y antecedentes del infractor". Además, se considerará reincidente a todo aquel que cometa acto vandálico dentro del siguiente año de haber sido condenado por alguna falta.
La iniciativa propone como órgano de aplicación de la ordenanza a los Juzgados Municipales de Faltas y que los importes recaudados por la Comuna con esta ordenanza se utilizarán exclusivamente "para políticas municipales de educación, prevención y actividades que despierten el interés positivo de los jóvenes".
Sin embargo, también deja muchos interrogantes vinculados a cómo se aplicará la ordenanza en caso de ser aprobada con esta estructura, qué ocurrirá con los menores que integren un grupo que comete un acto vandálico pero no sean ellos los que lo ejecutan, qué áreas municipales intervendrán y si cuentan con los recursos necesarios para ejecutar los procedimientos que se requieren para controlar el cumplimiento de la ordenanza, entre otros.
Años atrás, en 2017 (durante el gobierno de Darío Kubar) el Concejo Deliberante había aprobado una ordenanza para multar a quienes hicieran graffitis, manchas o provocaran daños en la infraestructura pública, con multas de entre 2 y 10 salarios mínimos municipales. La propuesta había sido impulsada por el oficialismo de entonces (Juntos por el Cambio) y acompañada por el bloque de Un País (massismo), pero rechazada por Unidad Ciudadana que pretendía que se utilizara otro sistema que no incluyera multas.
