El 30 de noviembre, finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Con el tiempo corriendo, el Gobierno Nacional se encuentra trabajando en un proyecto para eliminar las PASO.
El pasado viernes 15 de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que a través del proyecto denominado “Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, el Gobierno Nacional, planea eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), vigentes desde el año 2009.
“Hasta el momento, las PASO, han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, resaltó. Y agregó que “en las últimas Primarias el desembolso que debió hacer el Estado superó los 45 mil millones de pesos”.
En ese contexto, adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso, aunque su tratamiento podría quedar pospuesto hasta el año entrante, ya que, hay otro proyecto en el camino, y es el Presupuesto 2025.
Por lo que se pudo saber, la decisión no cayó bien en los sectores de la oposición dialoguistas, quienes se quejaron de la falta de consenso previo.
“Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del período ordinario de sesiones. Quedando su tratamiento inevitablemente para el año próximo. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales”, indicaron desde el PRO.
Aunque, en términos económicos, sí hubo coincidencias, ya que señalaron positivamente el cambio de las boletas electorales, en las que a futuro aparecerá la Boleta Única de Papel (BUP). “Con la reciente sanción de la BUP, ahorraremos un 61% en impresión de boletas respecto a la PASO 2023 (costaron $11.360 millones de pesos según un informe de CIPPEC vs. los 6.900 millones que está estimando con BUP la DINE para este año)”, detallaron desde el PRO.
Por otro lado, también se busca impulsar una modificación en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, así como también, tratar el financiamiento que reciben.
Desde el Gobierno informaron que, en cuanto al financiamiento de los partidos, se propone que haya aumento de topes de aportes privados, se eliminen los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios de comunicación y se elimine el financiamiento público para las campañas.
Incluso, otros dos puntos clave, serían el de establecer que las encuestas políticas, se reduzcan de 8 a 3 días -y anteriores a la elección- y la creación de la figura del Fiscal General ante la Cámara Nacional Electoral.
Finalmente, indicaron que de conseguirse la sanción, todas las medidas comenzarían a regir “de forma automática”, con injerencia en las elecciones legislativas previstas para octubre de 2025. De todos modos, los partidos igualmente tendrían hasta junio de 2026, para adecuarse a los nuevos requisitos.
Fuente: Infobae
