Informe reveló que la cantidad de juicios laborales alcanzó un récord en 2024: cuántos fueron y por qué motivo

Con un total de más de 125 mil, la judicialidad laboral experimentó un incremento de 7 por ciento en 2024 respecto al año anterior. Las aseguradoras piden que las provincias implementen medidas ya previstas por ley y, en este sentido, el territorio bonaerense lidera el ranking 

La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) alertó por el aumento de juicios laborales. En 2024 treparon casi 7%, con un total de 125.842 nuevos litigios; y solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país.

Estos juicios fueron únicamente en concepto de riesgos de trabajo, y el 2024 fue un año de altísima litigiosidad. Cabe mencionar que en 2023 las demandas iniciadas por dicha causa habían totalizado 117.348.

“La cifra da una idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el sistema de Riesgos del Trabajo. Desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo; a los trabajadores, bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad; y a las ART socavando la solvencia del sistema”, señalaron.

En orden de participación, la provincia de Buenos Aires es la más litigiosa, con un total anual de 50.584 demandas. En diciembre, sumó 3584. Su crecimiento respecto del año anterior fue de 4,5%. Le sigue CABA, con 22.946 litigios.

El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios (1.137 solo en diciembre) y un incremento anual de 21,5%. En el cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4,2%. Luego se encuentra Mendoza con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18%.

Cuáles son las principales causas 

Según el análisis de la UART, “estos números, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, de acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, se explica en buena parte por la demora de la Justicia de cada provincia en crear Cuerpos Médicos Forenses”.

“Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, tras haber recibido el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema. Estos 8 años de retraso en adecuarse a lo exigido por Ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida”, aseguró la UART.

Y afirmó que resulta urgente “ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral", constituyendo:

-Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo
-Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias
-Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral

“Si nuestro país quiere reconstituir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este ‘costo judicial argentino’, que se ha convertido en un costo estructural denunciado ya, por todos los actores de nuestra economía. Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo”, concluyó la UART.

Varias cámaras empresarias vienen mostrando preocupación ante este contexto. Por caso, la Unión Industrial Argentina (UIA) había señalado algunos meses atrás: “En función de generar iniciativas que permitan dar respuestas integrales a la problemática del incremento de la litigiosidad y el consecuente aumento de las alícuotas, las autoridades coincidieron en la necesidad de que se conformen los cuerpos médicos forenses provinciales. Estos pedidos se encuentran incluidos en la ley 27.348, sancionada en el año 2017″.

Fuente: Ámbito