Implicaría una prioridad presupuestaria para tratamiento y acceso a medicamentos. La iniciativa de diputados opositores ya cuenta con dictamen de la comisión de Presupuesto y la de Salud, de modo que la votación resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones
Esta semana en la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con varios temas incómodos y resistidos por el oficialismo, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad.
La votación para que la comisión presidida por el libertario José Luis Espert se reúna el próximo miércoles 23 de abril de a las 12 horas para tratar el tema resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones.
Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.
A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Un diagnóstico complejo
En medio del ajuste del Gobierno nacional, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó un proyecto de ley urgente: declarar la emergencia en discapacidad. Se basa en una situación crítica que, según advierten, pone en riesgo los derechos, la salud y la vida de miles de personas.
El diagnóstico es alarmante: pensiones no contributivas bajo revisión, aranceles congelados para prestadores de servicios, empleo protegido sin respuestas y un sistema de atención al borde del colapso. "Exigimos un Estado presente", fue el grito unánime de las organizaciones que integran el Foro.
El Gobierno nacional activó una revisión masiva de pensiones por incapacidad laboral, que alcanzaría a unas 300 mil personas. El problema es que la categoría evaluada no es discapacidad en sentido amplio, sino "incapacidad laboral", un criterio más restrictivo.
Desde el Foro alertan que se está dejando de lado el enfoque de derechos. “Uno puede tener una discapacidad y poder trabajar igual”, explicaron. En cambio, la incapacidad laboral refiere a una imposibilidad absoluta de trabajar, lo que excluye a muchas personas con discapacidad que necesitan igual la cobertura del Estado.
El impacto de perder la pensión no es solo económico. Quien pierde ese ingreso, también pierde el acceso a Incluir Salud, el programa federal que brinda desde medicación hasta sillas de ruedas, audífonos, hogares, escuelas especiales, centros de día y asistencia para la inclusión.
"Nos dicen que presentemos los papeles, pero cuando llegamos ya nos dieron de baja", denuncian desde el Foro. Según las organizaciones, el Gobierno ya anunció una meta clara: dar de baja 270 mil pensiones. Mientras tanto, hay 500 mil solicitudes nuevas que apenas avanzan. “El derecho sigue existiendo, pero el Estado no lo cumple”, advierten.
Fuente: Ámbito